Calumnia inducida

 


El veterano periodista Alberto Renza escribe un interesante artículo de opinión sobre las constantes calumnias e injurias al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito, Empitalito y ahora contra uno de las contratistas de publicidad, por el contrato del plan de medios. Por considerar de sumo interés reproducimos a continuación el mencionado artículo. 

CALUMNIA INDUCIDA  

Se ha puesto de moda en redes sociales lanzar juicios contra las personas, acusándolas de cuanto delito se les antoja, con frases como, “ladrón”, “está robando”, y otros señalamientos desobligantes.

Lo más triste es que personas con alguna formación académica incurran en estas falaces afirmaciones que son complementadas por comentarios sin sentido, solo llevados por el afán de decir algo, o darle un “me gusta”, en el caso de la red social Facebook.



Otros, por sacar réditos políticos, o porque lo que antes tenían ahora no, injurian, calumniando a las personas que no son de su agrado, induciendo a los demás, a la calumnia, a la mentira.

Así ha ocurrido contra muchas personas en Pitalito, pero especialmente contra funcionarios o servidores públicos, a quienes les atribuyen todos los males que padece esta sociedad.

Para no ir tan lejos, desde 2020 cuando llegó a la gerencia de las Empresas Públicas de Pitalito, el señor Henry Liscano Parra, iniciaron una injuriosa campaña en Facebook, tildándolo de “ladrón”, que fue lo menos que le dijeron, buscando hallar en esta red social, el medio de juzgan, de condenar.



Ya han pasado tres años, y día tras día, los acusadores, integrantes del ‘sanedrín’, siguen haciéndole creer al resto de mortales de Pitalito, que lo que dicen es cierto. Hasta hoy no lo han demostrado.

Recordemos, que, en plena pandemia de 2020, mientras en EMPITALITO trabajaban, para llevarle agua potable a los habitantes del asentamiento San Roque, -23 años esperando el servicio -, obra inaugurada el 31 de diciembre de ese año; mientras se puso en marcha el programa ‘Pitalito limpio y bonito’, mientras iniciaron las inversiones para dotar a Pitalito de un moderno servicio de agua potable, con la optimización de la planta de tratamiento; mientras a los habitantes de un sector del barrio El Porvenir, les construyeron el alcantarillado de aguas residuales; mientras fueron embellecidos los espacios públicos – avenidas y zonas verdes -; mientras los recursos económicos fueron defendidos de la jauría de demandas de aparentes empleados que no fueron contratados por la empresa y que los jueves desvirtuaron; mientras la carga pensional que antes pagaba en su totalidad la empresa, era desmontada para que los costos se trasladaran al ente respectivo, ese sanedrín se ocupaba de mantener una campaña de desprestigio contra el gerente de la empresa.

Tanto así, que, con la Contraloría Departamental, lograron suspenderlo del cargo seis meses, esperando que, en ese lapso iría a la cárcel por los delitos que le endilgaron.

En esos seis meses, el ente de control escarbó hasta lo más profundo de las entrañas de la empresa, sin resultados negativos. Más bien esa misma Contraloría le dio una alta calificación

Sin embargo, la horda de críticos continuó su tarea, la misma que jamás hizo en administraciones anteriores.



Del contrato del plan de medios

Ahora, ese mismo ‘sanedrín’ la emprendió contra una persona particular, que maneja el plan de medios de EMPITALITO, al que están vinculados más de 30 periodistas y comunicadores de medios de comunicación. Faltando por agregar otros medios, que también cobran esta pauta.

Son demasiado peligrosos en la actual situación de inseguridad de Pitalito, estos señalamientos, porque no faltará que algunos desquiciados pretendan extorsionar, secuestrar o algo grave contra el contratista, creyendo, como lo hacen ver en la publicación, que se “embolsilló” toda esa plata.

Antes esa pauta millonaria era para una emisora y dos o tres periodistas, según reposa en los archivos de la contratación.

Aquí publico el listado de los periodistas y comunicadores para que confronten uno por uno el valor del desglose de ese contrato con vigencia de 10 meses.

¿Por qué no llevan esas quejas a la Fiscalía, a la Contraloría o a la Procuraduría?

Si hay delito, debe haber un juicio, pero son las autoridades o los entes correspondientes quienes emitan un fallo.

¿Por qué los periodistas y comunicadores beneficiarios del plan de medios no dicen nada?

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